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EE.UU. asegura haber matado a un líder de Al Qaida en Afganistán

26 March, by (EFE)[ —]

EE.UU. informó hoy de que esta semana efectuó un ataque aéreo en Afganistán que mató a Qari Yasin, un líder de la red Al Qaida responsable de la muerte de «docenas de víctimas inocentes», incluidos dos soldados estadounidenses. El bombardeo tuvo lugar el pasado 19 de marzo en la provincia afgana de Paktika, indicó el Pentágono en un comunicado. Yasin, un terrorista de la ciudad pakistaní de Balochistan que tenía lazos con el grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), había tramado «múltiples ataques terroristas», según la nota.

El Pentágono atribuyó al fallecido el atentado del 20 de septiembre de 2008 contra el hotel Marriot de Islamabad, que acabó con la vida de «docenas de personas inocentes», entre ellas los militares estadounidenses Rodolfo I. Rodríguez y Matthew J. OBryant. Yasin también fue responsable del ataque de 2009 contra un autobús en el que viajaba el equipo de cricket de Sri Lanka en Lahore (Pakistán), que se saldó con seis policías y dos civiles muertos, así como seis miembros del combinado nacional heridos.

«La muerte de Qari Yasin es una prueba de que los terroristas que difaman el Islam y, de forma deliberada atacan a gente inocente, no escaparán a la justicia», afirmó el secretario de Defensa de EEUU, Jim Mattis, en el comunicado.


Detenido el autor de un tiroteo en el que ha muerto un hombre en EE.UU.

26 March, by (AGarcia_ABC)[ —]

El hombre que ha disparado este sábado a dos personas, matando a una, en un autobús en Las Vegas ha sido detenido por la Policía local, en un episodio que ha durado más de cuatro horas, han informado las autoridades locales.

Según publica la cadena CNN, el portavoz policial Larry Hadfield ha confirmado la muerte de una de las víctimas, mientras que la otra ha sido hospitalizada con heridas que carecían de gravedad.

El supuesto autor del ataque permaneció en el autobús, ya vació, durante horas, mientras un equipo de negociadores y de fuerzas de seguridad llegaron al centro de Las Vegas, lo que ha supuesto el cierre al tráfico de uno de los bulevares más reconocidos de la ciudad estadounidense.

En torno a las 3.00 de la tarde, hora local, el hombre, que estaba armado con una pistola, se ha rendido a las autoridades policiales.

Hadfield ha informado de que este episodio no era considerado un ataque terrorista, ni estaba relacionado con un atraco este mismo sábado al casino Bellagio.


Rajoy confía en mantener las reformas por la división que hay en la oposición

26 March, by (MARIANO CALLEJA/ANA. I. SÁNCHEZ)[ —]

Cada martes, en La Moncloa cruzan los dedos ante las votaciones del Congreso, sobre todo cuando afectan a las reformas que aprobó el Gobierno de Rajoy la anterior legislatura. El fantasma de la derogación de la reforma laboral, la Lomce o la ley de Seguridad Ciudadana se pasea por la Cámara ante un Gobierno en minoría que cuando se le acaba el recurso al veto previo, por razones presupuestarias, poco más puede hacer.

Pese a todo, en La Moncloa creen que sus reformas sobrevivirán a esta complicada legislatura, aunque el presidente asume que tendrán que negociar «mejoras».

«El PNV pide la reforma de la ley, y el PSOE, su derogación»
Esta semana se sometió a examen la ley de Seguridad Ciudadana, conocida por la oposición como «ley mordaza». El Pleno debatió sobre dos proposiciones de ley, una del PNV y otra del PSOE, y ambas pasaron el primer trámite parlamentario, pese al rechazo de los populares. Con un matiz: el PNV pide la reforma de la ley, y el PSOE, su derogación. Y es ahí donde se agarra el Gobierno de Rajoy: en la división de la oposición. El Ejecutivo confía en que la oposición no tenga votos suficientes para tumbar sus grandes reformas, aunque sí para introducir cambios en ellas.

En La Moncloa creen que la diferencia de criterio del PNV y el PSOE no es casual: es ideológica. Y por ideología, los populares subrayan que en el Congreso hay una mayoría clara del centro-derecha, como se vio en una votación reciente, contra los «okupas», en la que se unieron el PP, Ciudadanos, el PDECat y el PNV y doblaron el pulso a la izquierda.

Es ese voto «ideológico» el que hará muy difícil, según el Gobierno, que puedan unirse todos los grupos contra el PP para derogar sus grandes reformas. «Cuando no hay interferencias en los votos de los grupos, la mayoría está de nuestro lado», aseguran. El problema es que esas «interferencias» existen, por ejemplo en el caso del PDECat, cuyo afán por el independentismo y por tumbar al Gobierno está pudiendo más que su ideología de centro-derecha en muchas votaciones.

Antonio Hernando, portavoz del PSOE
Antonio Hernando, portavoz del PSOE- JAIME GARcÍA

El Gobierno, pues, ve con cierto optimismo el futuro de las «reformas estructurales» que puso en marcha Rajoy. Pero asume que solo se permitirá su permanencia si hay cambios o «mejoras». Y el Ejecutivo está dispuesto a negociarlas en todas las leyes, siempre que no las desvirtúen. «No debemos revertir las reformas adoptadas, sino seguir avanzando y, si es posible, mejorarlas», afirmó Rajoy en el Congreso en su última comparecencia.

C’s: quiere incluir al PP

Desde los principales partidos de la oposición se reconoce, efectivamente, que la diferencia de posiciones existe y que el acuerdo no será sencillo. Pero tanto el PSOE como Ciudadanos y el PNV coinciden en que más importante que eso es la necesidad compartida por toda la oposición de que la Ley de Seguridad Ciudadana debe de modificarse cuanto antes y se muestran convencidos de que esta coincidencia actuará como motor para impulsar un acuerdo durante la ponencia.

«El resultado no será el que quiere ERC (la derogación total) pero seguro que tampoco el que quiera el Partido Popular. Será un texto en el término medio entre la mayoría que resulte más factible», subrayan fuentes socialistas.

Desde Ciudadanos, por su parte, se apuesta por la importancia de que una ley tan delicada como la de Seguridad Ciudadana cuente con el apoyo más amplio posible en la Cámara para que cuente con estabilidad. Y para ello apuestan por incluir al PP en la solución aunque admiten la distancia que, en este tema, le separa del PSOE.


El Tribunal de Cuentas investiga los gastos electorales de Podemos

26 March, by (Marisa Gallero)[ —]

Los gastos de impresión del programa electoral «estilo Ikea» de Podemos sufragado a través de la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia se encuentra en fase preliminar en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

«Se ha realizado la providencia de emplazamiento y edictos para que los interesados se personen -o sus representantes legales- en el plazo establecido por el Tribunal. Según avance el proceso, se determinara si se sigue adelante con la demanda en función de la documentación que aporten las partes», detalla su departamento de Comunicación.

De este modo, el Tribunal determinará la responsabilidad contable de imprimir 30.000 ejemplares del catálogo de Podemos para el 26-J con el lema «la sonrisa de un país» abonado por la Fundación populista con dos facturas por un total de 22.062,64 euros. Estos gastos, junto a 3.625 banderas con el logotipo de Unidos Podemos por valor de 10.989, 83 euros, deberían constar como gastos en actividad electoral de la coalición, como marca la legislación de régimen electoral.

El Tribunal de Cuentas decidirá si hay irregularidad y qué tipo de sanción se deriva. Si estamos ante un delito de falsedad contable solo lo podrá decidir un juez de lo penal, evaluando si en los gastos declarados abiertamente en la Fundación no había ánimo de ocultación. En la sexta sesión de la Comisión de Calidad Democrática, contra la Corrupción y Reformas Institucionales y Legales del Congreso de los Diputados, el responsable de finanzas de Podemos, que es además uno de los administradores legales de la campaña del 26-J, Daniel de Frutos, explicó que «las fundaciones son entidades jurídicas propias que tienen permitido realizar actividades mercantiles».

«Nuestra Fundación gestiona el merchandising, de hecho lo tenemos en la tienda online, donde se puede comprar el famoso catálogo programa a un precio bastante razonable. Por otro lado están los gastos electorales del 26-J, que han sido entregados al Tribunal de Cuentas. No entendemos este revuelo, cuando estamos hablando de la venta de un producto más en la tienda».

Es el mismo argumento que trazó la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, dando un paso más al afirmar que era «mentira» la información que publicó ABC. Según los dirigentes de la coalición, la operación no tuvo nada que ver con su gasto electoral, cuando todos los datos de que la Fundación usó sus fondos para imprimir esos catálogos se reflejan en su portal de transparencia en distintas facturas, donde se detalla claramente como concepto «Elecciones Generales Congreso y Senado 2016».

Daniel de Frutos, quien sería la persona que tendría que responder si hubiera alguna irregularidad por no incluir los gastos de 33.000 euros en propaganda de la impresión del catálogo y las banderas, aportó un «dato demoledor» de falta de transparencia. «El 88% de las fundaciones no tienen página web y no facilitan sus estatutos ni publica su código de buen gobierno», como hace el Instituto.

«Agujeros negros»

Los portavoces en la comisión preguntaron por el papel de las fundaciones haciendo hincapié en la información publicada por ABC, ya que sus funciones son distintas a las de las formaciones políticas. Concretamente el Instituto 25-M reza en sus estatutos fines sociales y culturales, con la «promoción y profundización en los principios democráticos y los derechos humanos», nada que ver con el merchandising.

Tanto Ignacio Prendes de Ciudadanos como Artemi Rallo del PSOE definieron a las «fundaciones como los agujeros negros de la actual normativa en la financiación de partidos políticos» al no tener sus límites.

Aunque fue el portavoz del PP, Eloy Suárez, quien fue más duro al preguntarse si la ley acota suficientemente usar «este tipo de subterfugio». No sabe si es «una innovación de Podemos o retorcer la ley», porque «el merchandising también es un gasto electoral» y estarían intentando «abrir una ventana a un fraude de ley». También se refirió a las palabras de Pablo Echenique, que insistió en una entrevista en RNE que «todo es perfectamente legal» y que «el famoso catálogo lo vendíamos a 1,80 euros, y uno no puede vender material pagado con la subvención electoral», recordándole que su explicación «no tiene un pase» y es como «lo de la asistente que paga en B».


Los riojanos confían más en Gamarra que en Ceniceros como líder del cartel

26 March, by (Unai Mezcua)[ —]

La actual alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el hoy presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, se disputarán el próximo 1 de abril la presidencia regional del PP en el congreso más reñido desde 1990. Gamarra, que cuenta con el apoyo del aparato nacional del partido, y Ceniceros, que llegó al poder tras negarse Ciudadanos a investir al anterior presidente, Pedro Sanz, pugnarán por el voto de los 2.576 afiliados inscritos para participar.

Aunque ambos candidatos presentaron el mismo número de avales, 125, el apoyo entre los inscritos se decanta del lado de Gamarra, que cuenta con el respaldo de cerca de 1.500 afiliados. Ceniceros, por su parte, solo tiene asegurado el de menos de 1.000.

Un reparto de fuerzas que se corresponde con la simpatía que ambos despiertan en la sociedad riojana, a tenor de una encuesta realizada por GAD3 para ABC, según la cual Gamarra obtendría el apoyo del 41,2% de los riojanos si hoy se celebrasen elecciones y ella fuera la candidata del PP, mientras que Ceniceros apenas lograría el respaldo del 25,7%, quince puntos por debajo. Gamarra, de 41 años, es la preferida de los riojanos de todos los grupos de edad y nivel de estudios, en especial de los universitarios, que la apoyan en un 58% por apenas el 23% de su rival. Ceniceros, de 61 años, no logra siquiera el apoyo mayoritario entre los ciudadanos de entre 45 y 64, ni entre los mayores de 65, de los cuales le respaldan únicamente el 26%.

La alcaldesa también supera a Ceniceros entre los votantes del PP, de los cuales la prefiere como candidata el 45%, frente al 34% de su rival. Ceniceros, pese a presidir la región, es menos conocido que la alcaldesa, ya que únicamente el 55% de los riojanos asegura saber su nombre, frente al 73% de Gamarra. Esta no solo es más conocida en la ciudad en la que gobierna, 83% frente a 63%, sino también en el resto del territorio, donde aventaja a Ceniceros en quince puntos: 62% por 47%.

Ambiente enrarecido

Durante las últimas semanas el ambiente entre las dos facciones del PP riojano se ha ido enrareciendo, especialmente tras la denuncia de Ceniceros de que se estaban produciendo «irregularidades» en el proceso de afiliación de algunos solicitantes recientes, algo que negó el aparato del partido. Un ambiente inédito en un partido que venía siendo una balsa de aceite desde que el hoy presidente saliente, Pedro Sanz, se hiciera con las riendas hace 24 años. Además, este congreso será el primero en la que no se consulte a las bases mediante el sistema de voto delegado. En lugar de ello, tendrá carácter asambleario, por lo que se regirá por el principio de un afiliado, un voto. Voto que, además, será secreto, por lo que no se conocerá el resultado hasta última hora.

En su despedida, aunque no dio nombres concretos, el expresidente Sanz dejó clara su apuesta por un «relevo generacional» en el partido, y recordó el que él mismo protagonizó en 1993 en una velada referencia a Gamarra: «A aquellas personas (que le apoyaron) hay que agradecerles su desapego a cualquier cargo mirando el bien del partido y el proyecto de futuro. Entendieron que una generación joven venía, y vieron cuál era el camino». Una renovación con la que también los encuestados identifican con Gamarra, al considerar que la alcaldesa representa mejor los valores de futuro (36,3%), liderazgo (35,5%) y diálogo (26,7%).


La Policía tiene sin resolver al menos 472 asesinatos entre 1990 y 2015

26 March, by (JChicote_ABC,DMoreno_ABC)[ —]

La Policía acumula entre 1990 y 2015 al menos 468 asesinatos sin resolver y que todavía no están prescritos, según datos oficiales de este Cuerpo a los que ha tenido acceso ABC. La cifra parece a primera vista muy abultada, si bien, en números redondos, el porcentaje de estos crímenes en los que sí se consigue llegar hasta el autor o autores se sitúa en un 80 por ciento.

El estudio fue realizado por la ya disuelta Brigada de Análisis y Revisión de Casos, adscrita a la Dirección Adjunta Operativa, y era la primera vez que se tenía una visión conjunta de todos los homicidios y asesinatos no aclarados en el citado periodo de tiempo. Hasta ese momento todos los intentos que se habían hecho para recopilar esos datos no solo habían sido infructuosos, sino que además eran dispares, según el origen de la información.

Así, por ejemplo, los datos facilitados por el conjunto de las jefaturas superiores dieron cifras distintas a las de las unidades centrales de Delincuencia Especializada y Violenta y de Inteligencia Criminal, ambas de la Comisaría General de Policía Judicial.

Madrid, a la cabeza

Madrid, con 214 casos, es la comunidad en la que más asesinatos están sin resolver, algo lógico por otra parte ya que es la que registra un número mayor de estos delitos. Le siguen, a bastante distancia, Cataluña, con 85 crímenes -la diferencia es tan importante porque los Mossos d’Esquadra asumieron plenamente las competencias de seguridad desde 2005-; Andalucía Oriental, con 33, y la Comunidad Valenciana, con 29. Por ciudades, de nuevo es Madrid, con 183 casos, la que más asesinatos sin esclarecer y no prescritos acumula, seguida de Barcelona, con 52 -con la misma particularidad ya reseñada-, Valencia, con 19 y Málaga, con 9.

Los analistas advierten de que los homicidios y asesinatos no aclarados son «sin duda» más que esos 468 consignados, ya que solo se han tenido en cuenta aquellos no prescritos. Además, el criterio adoptado para recogerlos es que no haya una sentencia judicial contra algún acusado, independientemente de que en la investigación se hayan producido detenciones de sospechosos.

Resulta llamativo que alguna de las unidades consultadas respondieran que no existe ninguna base de datos específica sobre este tipo de delitos sin resolver, y que en otras ocasiones se hayan perdido archivos por el cambio de ubicación de las dependencias policiales. Por ejemplo, la Jefatura Superior de Policía de Cataluña advirtió de que la comisaría de Cornellá de Llobregat puede haber perdido documentación por el cierre de varias comisarías del Baix Llobregat a consecuencia del despliegue de los Mossos d’Esquadra.

Ni siquiera dados de alta

Aún más elocuente resulta que en numerosas ocasiones en las bases de datos de Inteligencia (GATI) no se haya solicitado el alta de la investigación, por lo que el homicidio o asesinato no aparece recogido ni en la base de datos de «Hechos», ni en la de «Investiga», ni en la de «Archiva» y ni siquiera tiene asignado un número de investigación.

Es significativo el caso de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, que informó de 74 muertes sin esclarecer, si bien 52 de ellas no son competencia de la Policía, sino de la Ertzaintza, y otras cinco se produjeron en demarcación de la Guardia Civil. Las 22 restantes fueron asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA, 16 en Bilbao y seis en San Sebastián. Ninguno de esos 64 crímenes se han contabilizado en esta estadística.

Asimismo, los asesinatos múltiples se computan por cada una de las muertes que se produjeron. Por ejemplo, el triple crimen de Burgos se contabiliza como tres en la Jefatura Superior de Castilla y León y hay un cuádruple crimen en Madrid con víctimas colombianas que también se refleja de la misma forma. Hay 20 víctimas de las que se desconoce su identidad -entre ellas una descuartizada en Madrid en cuyo torso estaba tatuado el 666, número de Satán-, y hay ocho casos de recién nacidos.

En cuanto a la situación judicial de los 468 crímenes sin resolver hasta 2015, hay que destacar que en 172 casos se desconocía y había otras 114 investigaciones que estaban sobreseídas o archivadas. A esa fecha también había 19 en fase de instrucción, cuatro de ellas estaban bajo secreto de sumario y una se hallaba en fase de apertura de juicio oral. A pesar de que estos datos pueden parecer preocupantes, lo cierto es que la Policía sigue resolviendo casos que se produjeron hace bastantes años. Por ejemplo, el pasado día 1 la Policía informaba del esclarecimiento de un homicidio perpetrado en El Ejido (Almería) cometido en febrero de 2011.

El 5 de octubre del pasado año se encontraron los restos óseos de una mujer en unos invernaderos de la barriada de Pampanico, Paraje de los Ruiseñores. Tras una larga y compleja investigación los restos humanos pudieron ser identificados -había denuncia sobre la desaparición de esa persona- y fue detenido un individuo marroquí como autor de los hechos. El móvil fue que la víctima había roto su relación sentimental con él.


Inmigración infantil en Ceuta y Melilla: los niños de nadie

26 March, by (Laura L. Caro)[ —]

Hay familias de Marruecos que cruzan legalmente a Melilla o a Ceuta y una vez allí dejan abandonados a sus hijos y se vuelven a sus casas. Se cuentan cientos de casos cada año. No faltan niños con parálisis cerebral y otras discapacidades, con enfermedades crónicas o necesitados de transplantes. Todos pasan a formar parte del conjunto de Menores no Acompañados (MENA) de los que se hacen cargo las dos Ciudades Autónomas españolas, entre los que también figuran chicos que -empujados o no por sus padres- llegan solos por los pasos fronterizos, normalmente colándose entre las turbas que se forman en las horas punta o escondidos en coches. Algunos recorren miles de kilómetros para lograrlo, desde Argelia o el África Subsahariana, dicen que en busca de mejor vida y quienes les han tratado añaden que muchas veces huyendo de infiernos de maltrato, hambre o abusos.

Los MENA surgieron en 1995 pero constituyen desde hace tiempo un problema grave, en parte por que su número se ha disparado sin control desde 2015. Las cifras en Ceuta señalan que actualmente tienen bajo guarda a 180, pero en Melilla fuentes oficiales aseguran que se superan con frecuencia los 500 en una urbe de 12 kilómetros cuadrados. La pasada semana eran 494, de los que 345 se registraban en un solo complejo, «La Purísima», con capacidad para 180 plazas.

El hacinamiento es agónico, pero casi más lo es la inseguridad que rodea a subgrupos de estos menores que se niegan a estar en esos centros, no aceptan reglas y viven directamente en la calle, donde se exponen a todo tipo de riesgos -mafias, drogas, alcohol, enfermedades, peleas...- y a su vez se han convertido en una amenaza para el orden público.

En Ceuta, estos días atrás se ha detenido a cinco de ellos por su presunta implicación en el asesinato por apuñalamiento de un marroquí de 20 años el 10 de marzo. Dos fechas antes, por el contrario, pasaban a disposición judicial cinco jóvenes como presuntos autores de brutales palizas a los Menas. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitió hace hoy una semana en Melilla que la situación es «de muy alta tensión» y que es necesario junto con el Reino alauí «reducir al máximo» la llegada de estos chicos.

Para Daniel Ventura, consejero de Asuntos Sociales en esa Ciudad Autónoma, en Marruecos hay «una falta de interés para buscar una solución», y lo demuestra su no cumplimiento de un acuerdo de 2003, renovado en 2013, para la prevención de esta inmigración y el «regreso concertado», «con todas las garantías», de los menores, una vez localizados a sus padres.

Según autoridades, fuerzas de seguridad y vecinos con los que ABC habló en Ceuta, detrás de esta incomparecencia hay un nítido interés económico, pues mientras tanto España proporciona a los menores alimentación, educación o sanidad, si es necesario durante una década o más. Las mismas fuentes no niegan que existan casos de necesidad extrema que justifiquen el amparo, pero también aseguran tener constancia de que hay familias de la vecina Tetuán que mandan a sus hijos a Ceuta «como a un colegio mayor», y la prueba es que «los chicos desaparecen cuando llegan las fiestas musulmanas para ir a sus casas y después vuelven».

A la península o Europa

Hay niños tutelados desde los 9 años, aunque la mayoría tienen de 14 en adelante. Su objetivo prioritario es conseguir documentación que haga posible la reagrupación familiar. Si no, luchan por marcharse a la península o al resto de Europa. Daniel Ventura certifica que, habida cuenta de esta transitoriedad, en 2016 atendieron hasta a 1.200 MENA con un coste de «cerca de 10 millones de euros».

En Ceuta, se ha publicado que el presupuesto es de 5,08 millones, cifra que ABC no pudo contrastar al no lograr hablar con la jefa del área de Menores de esa ciudad pesar de repetidos intentos, con los que también buscábamos una valoración del testimonio de muchachos inmigrantes que, en los alrededores del puerto, aseguraron a este diario que no viven en centros de protección porque allí se les «pega» y que los agentes de orden público también lo hacen. Compartían en una bolsa de supermercado unas lentejas frías traídas en una botella de plástico.

Violeta Assiego, coordinadora del estudio de la Universidad Pontificia Comillas «Rechazo y abandono. Situación de los niños que duermen en las calles de Melilla», publicado este mes, asevera que sí «está habiendo malos tratos y abusos y nadie los está investigando», y que si los menores se «fugan» de los centros de protección es porque no «encuentran condiciones mínimas para estar allí». No hay denuncias y la Consejería de Bienestar viene expresando su deseo de «coger a alguien que estuviera haciendo mal uso de sus funciones, por que estaría en la calle y en el juzgado».

La también experta en Derechos Humanos recuerda que en nuestro país los menores inmigrantes «son niños antes que extranjeros», pero que en modo alguno se está cumpliendo la ley que les protege, empezando por que duermen en colchones en el suelo debido a la saturación de los centros. Desde Save the Children, una de las ONG que trabajan con los menores en estas instalaciones, su responsable en Melilla, Carmen Requena, corrobora que no hay camas suficientes por la «falta clara de recursos», pero que se escolariza a los menores de 16 años, y a los de edades superiores «se intenta que vayan a cursos de alfabetización o formación profesional», aunque el absentismo es muy alto.

Entre las alternativas que se han barajado para aliviar la presión de la inmigración infantil en Ceuta y Melilla está abrir centros de acogida en otras autonomías, -descartado por el «efecto llamada» que implicaría- o financiar su apertura en Marruecos.


«España tiene respeto por la soberanía de Venezuela»

26 March, by (MARÍA JESÚS PEREIRA)[ —]

El Gobierno de Rajoy le ha nombrado embajador de España en Venezuela, un auténtico avispero por las tensiones políticas y sociales que vive actualmente.

Profesionalmente, Venezuela es un país muy interesante. Es un país muy próximo a España y, por tanto, todo lo que pase allí a los españoles nos interesa. Allí tenemos también una importante colonia de españoles, próxima a los 200.000. También los venezolanos siguen muy de cerca lo que pasa en España.

¿Cuáles son los principales problemas ahora de Venezuela: la escasez de alimentos, la inflación, la violencia, la falta de libertades...?

No he llegado aún al país pero Venezuela tiene problemas igual que los tiene España y otros países. Lo importante es que hay una voluntad de resolverlos y hay que respetar la situación de cada país porque cada país es soberano. España no tiene ninguna vocación de hacer injerencias en los asuntos internos de Venezuela. Por otro lado, en la medida de que Venezuela es un país iberoamericano y tenemos una historia en común nos ponemos a disposición de los venezolanos para apoyar en lo que podamos.

España no quiere inmiscuirse en la política de Venezuela pero la Asamblea Venezolana investiga si el Gobierno de Hugo Chávez financió con 7 millones de dólares a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), ligada a Podemos.

La actitud del Gobierno español y, por supuesto, de la embajada es de un absoluto respeto a la soberanía venezolana y no injerencia en sus asuntos políticos.

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, recibió a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, líder opositor encarcelado. También Rajoy recibió a la esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pidiendo su liberación. ¿Puede todo ello tensionar las relaciones bilaterales?

Las relaciones entre España y Venezuela son tan amplias y abarcan tantos sectores que es difícil que se vayan a ver afectadas por cuestiones, roces o conflictos concretos.

El expresidente del Gobierno de España Rodríguez Zapatero está mediando entre la oposición y el Gobierno venezolano.

Hay muchas personalidades que han sido invitadas para intentar, con toda la humildad, ayudar. Lo que está haciendo Zapatero está en esa línea y el Gobierno de España está facilitando la intervención de todas las personalidades españolas, con independencia de los partidos a los que pertenezca.

¿Cómo está afectando la actual situación de Venezuela a las empresas españolas allí radicadas?

La presencia económica de España en Venezuela es importante, ya que allí están Repsol, BBVA, Movistar, Mapfre, Iberia o Air Europa. Además, Movistar es la operadora líder de móviles, Mapfre es la primera compañía de seguros privada, Repsol está entre las primeras del sector, BBVA es el segundo banco del país... A pesar de la difícil coyuntura económica del país, las empresas españolas han permanecido allí y la esperanza es que cuando se estabilice la situación vayan más empresas. En cuanto a Agroisleña, expropiada, vamos a trabajar con el Gobierno venezolano para llegar a un acuerdo satisfactorio.


La división republicana compromete la presidencia de Donald Trump

26 March, by (Javier Ansorena)[ —]

Ganar, ganar y ganar. Donald Trump ha conjugado el verbo con más vehemencia si cabe que el recordado Luis Aragonés. Prometió que EE.UU. volvería a ganar en el concierto internacional y, dentro de las fronteras, acabar con la ineficiencia burocrática de Washington e impulsar una agenda reformista «nunca vista».

En la primera final de su presidencia, sin embargo, ha encajado una derrota dolorosa y con gol en propia puerta: el que le marcaron sus propios compañeros del partido republicano en el Congreso. El fracaso de su plan para desmantelar Obamacare, la reforma sanitaria de Barack Obama, es importante, porque había sido el caballo de batalla de todos los republicanos desde que se aprobó hace siete años.

La ley para sustituirlo, impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, y por Trump, no convenció a dos sectores de su partido: el ala más a la derecha y los más moderados. El resultado es un partido republicano descosido en facciones y con dos líderes en apuros: Ryan no consigue poner de acuerdo a su bancada y Trump no tiene la ascendencia que él presumía entre los legisladores.

El fracaso del desmantelamiento parece más un cúmulo de errores estratégicos de Ryan y Trump
«¿De quién es la culpa?», es la pregunta con la que Trump asaetea a sus colaboradores cercanos, según recoge la prensa estadounidense. El fracaso del desmantelamiento parece más un cúmulo de errores estratégicos de Ryan y Trump, mezclado con un partido cuyas divisiones eran mucho más fáciles de digerir en la oposición, aunque tienen precedentes importantes como el cierre gubernamental de 2013 por las disensiones entre sus filas.

La mayor preocupación, sin embargo, está de cara al futuro. Trump tiene planes reformistas ambiciosos que requieren de la aquiescencia de los republicanos, como la reforma fiscal y un gasto en infraestructuras de un billón de dólares. Pero habrá otras dificultades más urgentes: el 28 de abril acaba el plazo para que el Congreso apruebe una extensión de la financiación federal para evitar un cierre parcial del Gobierno, un asunto en el que el ala más conservadora, comprometida en la lucha contra el déficit, plantará cara.

«Años de problemas y odio»

«Son años de problemas, odio y desconfianza y yo he llegado en el medio de todo eso», dijo Trump el viernes a ‘The Washington Post’ nada más reconocer su derrota. Su primer gran examen en el Congreso ha supuesto un golpe de realidad. La habilidad en los negocios de la que alardea quizá no funcione en los pasillos del Capitolio.


Villegas: «Nuestra fórmula en Murcia no es poner al candidato del PSOE»

26 March, by (Víctor Ruiz de Almirón)[ —]

El número dos de Ciudadanos pide al PP que cambie de candidato e insiste en que su apuesta no es dar al poder al PSOE y que antes que eso prefieren nuevas elecciones.

-¿Les sorprendió la moción de censura del PSOE?

-La verdad es que sí. No esperábamos este movimiento. Es un poco precipitado presentar una moción de censura sin tener los apoyos. Nosotros reclamábamos un acuerdo para convocar elecciones.

-Dicen que solo apoyarán si el nuevo presidente convoca elecciones ¿Piden un compromiso por escrito?

Vamos a apurar las opciones de que sea para convocar elecciones. Sigue estando en manos del PP solucionar esta situación de crisis institucional. Si cambian de presidente y proponen un presidente que no esté imputado entonces puede volver la normalidad institucional a Murcia. Si no lo hace y sigue poniendo por delante los intereses de Pedro Antonio Sánchez a los de la región de Murcia  seguimos pensando que lo mejor es convocar elecciones.

-El PP ya ha dicho que no cambiará de candidato

Ellos están en no mover nada y el PSOE en querer coger el Gobierno a toda costa y nosotros en que hablen los murcianos. Que el PP deje de proteger a Pedro Antonio Sánchez, esa sería la mejor opción porque la región volvería a tener estabilidad.

-Si esa vía está descartada, siempre pueden apoyar al PSOE como han hecho otras veces ¿Por qué no lo hacen?

El problema sería una fórmula de gobierno que creemos que no es la solución. Nuestra fórmula en Murcia no es poner al candidato del PSOE. Nuestro plan pasa porque si el PP no es capaz de cumplir su palabra creemos que lo mejor son nuevas elecciones.

-¿Por qué este celo? A nivel nacional ya han tenido choques con el PP por incumpliento del pacto y no se ha llegado a esta escalada

Si Rajoy estuviera imputado no tendríamos esa flexibilidad. Hay puntos del acuerdo que se pueden valorar como más nucleares. Y este afecta a la propia continuidad de Pedro Antonio Sánchez como presidente. Pero cuando el incumplimiento llega tan al núcleo del acuerdo debería dejar de serlo. Cuando tocan los temas de corrupción les cuesta especialmente cumplir, y después de las declaraciones del presidente diciendo que dejaría el cargo si era imputado hay poco espacio para la interpretación.

-¿Y si dimite y luego resulta absuelto?

No sé si se producirá eso. Si sucede podrá volver a la vida pública.

-Pero habría dejado de ser presidente. ¿No vulnera su cláusula la presunción de inocencia?

Eso es en el ámbito judicial, pero de lo que aquí se trata es de preservar la limpieza de las instituciones. Y que los sospechosos hasta que todo quede aclarado deben hacerse a un lado. Creemos que es bueno que se hagan esos gestos y que haya un plus de responsabilidad de los políticos que tenemos que asumir.

-Pero si es absuelto no existen mecanismos de rehabilitación

Estamos de acuerdo en que debemos trabajar en el ámbito de la rehabilitación. Y buscar mecanismos legales para ello. Pero que no exista eso no puede ser excusa para seguir como hasta ahora. La dinámica de proteger a los presuntos corruptos no se puede mantener. Estando de acuerdo en trabajar para mejorar los mecanismos que permitan la rehabilitación, eso no puede ser la excusa para no aplicar ese punto de nuestro acuerdo, y en cualquier caso no es obligatorio pactar con Cs. Pero si creemos y aceptaríamos estudiar propuestas encaminadas a la rehabilitación de quienes finalmente resultasen absueltos y hubiesen dejado su cargo

-Y dado que esos mecanismos no existen y que ustedes mismos en su ley anticorrupción establecen la dimisión en la apertura de juicio oral, ¿no deberían revisar ese punto del acuerdo?

Una cosa es jurídicamente y otra cosa es el acuerdo político. No podemos hacerlo por ley pero creemos que se puede hacer por compromisos políticos, porque estamos en una situación excepcional respecto a la corrupción y debemos trabajar para enmendar la falta de confianza en los políticos. Hay que hacer gestos extraordinarios y uno es que no haya cargos públicos imputados por corrupción. Sabemos que es un punto muy temprano del proceso judicial, pero creemos que es necesario para recuperar la confianza de los ciudadanos.

-Y si el PP no cambia de candidato y el PSOE insiste en gobernar, ¿qué votarán en la moción de censura?

-Y si el PP no cambia de candidato y el PSOE insiste en gobernar, ¿qué votarán en la moción de censura?

Las preguntas que empiezan por “y si” merecen empezarlas a responder por "ya veremos". El PP puede optar por la opción más lógica y de sentido común. Si Rajoy se empeña en proteger a PAS creemos que la mejor solución son las elecciones.

-¿Pero en sus conversaciones con Ferraz le han trasladado en algún momento que vayan a apoyar eso?

Nosotros en esas conversaciones lo que hemos trasladado es nuestra fórmula y ellos nos han planteado que no la veían como una fórmula idónea, pero esperaremos a los próximos días.

-Van a tener que elegir entonces entre mantener al PP o permitir un gobierno de izquierdas de PSOE y Podemos

Yo creo que no se plantea en esos términos. Debe plantearse en cómo somos capaces de limpiar las instituciones de corrupción. Se trata de que Murcia no tenga un presidente imputado por corrupción, no se trata de poner pruebas a uno y otro partido. Esto no debería ir de lucha entre partidos o querer ganar sillas. Va de que Murcia no tenga un presidente imputado por corrupción.


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